COPARTICIPACIÓN: LA JUSTICIA FALLÓ A FAVOR DE CHUBUT Y EL GOBIERNO DEBE DEVOLVER LOS FONDOS

El fallo del Juzgado Federal de Rawson n° 1 obliga al Gobierno nacional a devolverle los fondos de la coparticipación a la provincia de Chubut. Se trata de los 13.500 millones de pesos que el Estado nacional había retenido.

Por este motivo, se había generado un fuerte enfrentamiento entre Javier Milei y los gobernadores. Sobre todo, con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres.

El fallo ordena el "cese de la retención que, en concepto de reembolsos por préstamos acordados en el marco del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, la demandada viene realizando sobre las sumas que ha de percibir aquella en concepto de Coparticipación Federal de Impuestos; ello, hasta tanto se concrete la refinanciación de la deuda y por el periodo máximo comprendido por el ejercicio financiero en curso".

La resolución sostiene que al guardar silencio ante las solicitudes de refinanciación y autorización de endeudamiento efectuadas por la provincia del Chubut, el Estado Nacional habría perdido de vista los principios constitucionales de buena fe y lealtad federal, que impedían adoptar medidas intempestivas que afecten seriamente a las provincias, en este caso a Chubut.

"Que respecto de la automaticidad en la remisión de los fondos la misma tendría a evitar el bloqueo de los recursos usados como herramienta de presión política a las provincias por parte del gobierno federal". Y afirma que el Estado Nacional "estaría bloqueando recursos coparticipables como herramienta de presión política a la provincia del Chubut, lo que implicaría una manifiesta vulneración del principio de automaticidad".

La Justicia Federal pone bajo la lupa el cambio de actitud de la Casa Rosada para con la provincia de Chubut. "habiendo el Estado Nacional asistido financieramente a un Gobierno Provincial saliente, con mayor razón debería apoyar y flexibilizar su política de saneamiento y refinanciación de deudas publicas provinciales —accionar que habría sido aplicado a la provincia en el pasado cercano, tan solo distante doce meses atrás—, máxime cuando tampoco ha variado el marco normativo", explica.

"El accionar de la demandada, esto es, desoír o guardar silencio a una petición de refinanciación y/o cancelación de la actora, no ha sido acorde a su actuar pasado, en efecto, se encuentra en clara contradicción con la conducta asumida con anterioridad".

Y apunta que la decisión del Estado es "irracional" porque es "contrario a la finalidad de la norma que constituye el Fondo y a la que dispone la refinanciación de la deuda ahora en pugna, pues, encontrándose en una posición claramente dominante, decide ignorar las peticiones de refinanciamiento efectuadas por la Provincia, obviando el estado de emergencia que atraviesa".

"A su vez omite adoptar medidas paralelas que amortigüen los efectos negativos que en la economía de la accionante provoca el dejar de percibir de manera diaria los fondos coparticipables que le corresponden. En efecto, una media de tal naturaleza repercute negativamente en las arcas provinciales, poniendo en situación de riesgo el cumplimiento de funciones esenciales", sostiene el fallo del juez Hugo Sastre, titular de Juzgado Federal N°1 de Rawson.